CHILE. (Prensa Latina).- El gobierno de Chile está desactualizado en las normas establecidas por el Código Mundial Antidopaje, lo cual podría causar dificultades en la celebración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se informó hoy aquí.
Un grupo de auditores visitó el país en enero pasado con el objetivo de constatar el cumplimiento de las reglas internacionales, en particular desde el punto de vista jurídico.
En marzo, durante los últimos días de gestión de la ahora exministra del Deporte Alexandra Benado, se recibió un informe elaborado por los expertos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en el que se revelaron problemas en 43, de los 242 aspectos revisados.
De las dificultades, 15 fueron calificadas como críticas, otras 20 son de alta prioridad y el resto pertenecen a la categoría de asuntos generales.
El caso es que Chile firmó y ratificó la Convención Internacional Contra el Dopaje en 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero no hizo ningún trámite para adaptar la Ley del Deporte, emitida en 2001, a las nuevas regulaciones en la materia.
Por ejemplo, la AMA exige que los organismos encargados de controlar el uso de sustancias prohibidas en las competencias sean totalmente independientes de cualquier instancia gubernamental, y aquí esa entidad forma parte de la estructura del ministerio del Deporte.
Este y otros temas legales y administrativos deben ser resueltos en un plazo de 90 días, que comenzó a contar desde el 7 marzo.
De no hacerse así, el país puede sufrir severas sanciones, entre ellas la prohibición a sus atletas a participar en eventos internacionales, lo cual incluye a los Panamericanos y Parapanamericanos de este año.
En el mejor de los casos, los deportistas chilenos podrían competir, pero bajo bandera y con uniforme neutral.
El proceso para modificar la citada legislación es engorroso, porque primero el actual titular de Deporte, Jaime Pizarro, debe enviar al ejecutivo la propuesta y cuando éste responda, trasladarla hasta la sede de la AMA en Canadá para su revisión.
Sólo cumplidos estos trámites se puede enviar al Congreso Nacional la iniciativa de ley, para su discusión y aprobación en las dos cámaras y la posterior promulgación por el Ejecutivo.
