AP.- El trato dado por China a la minoría uigur podría ir a juicio ante los tribunales en Argentina al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos de Invierno se inauguren el 4 de febrero en Beijing.
Michael Polak, un abogado británico que representa al Congreso Mundial Uigur, así como el Proyecto de Derechos Humanos para los Uigures, están preparando una “querella penal de jurisdicción universal” para presentarla en febrero ante las cortes en Argentina.
“Pensamos que lo que hacemos en Argentina constituye el paso natural siguiente para avanzar hacia la justicia”, dijo Polak durante una entrevista con The Associated Press.
La semana pasada, un organismo no oficial creado en Gran Bretaña para analizar evidencias sobre los presuntos abusos a los derechos humanos de los uigures en China concluyó que el gobierno de ese país había cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgaría pronto un reporte sobre los derechos humanos en la región noroccidental china de Xinjiang. Mediante un comunicado, la ONU indicó que había “identificado patrones similares de detenciones arbitrarias, prácticas de trabajo forzado y erosión de los derechos sociales y culturales”.
El organismo mundial añadió que no había podido obtener “acceso irrestricto” a la región.
El mes pasado, Argentina accedió a atender un caso contra los militares de Myanmar, sobre el trato a la minoría rohinya, bajo el principio de “jurisdicción universal”.
Dicho principio establece que los crímenes severos pueden ser juzgados en cualquier jurisdicción.
“Hay provisiones de jurisdicción universal en diferentes jurisdicciones del mundo”, dijo Polak. “Pero la argentina es la más realista, porque las cortes son en realidad capaces de emplearla. Y están muy inclinadas a usarla por su propia historia. De manera realista, el objetivo sería llevar a esta gente ante las cortes argentinas y que respondan a las acusaciones”.
El ingreso de al menos un millón de uigures —y de otras etnias minoritarias, principalmente musulmanas— en lo que Beijing ha descrito como centros de educación y entrenamiento vocacional ha llamado la atención también sobre el trato de China a los tibetanos, la pérdida de libertades civiles en Honk Kong, así como las restricciones al uso de la lengua mongola en la región china de Mongolia Interior.
El gobierno estadounidense y los parlamentos de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Canadá han declarado que las políticas de Beijing contra los uigures constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad.
“El hecho de que los uigures puedan presentar sus evidencias bajo juramento en una corte argentina constituye un gran momento”, dijo Polak. “Consideramos realista que puedan emitirse órdenes para arrestar a cierta gente”.
A comienzos de este año, unos 30 testigos y expertos dieron evidencias en una serie de audiencias públicas en el centro de Londres. Presentaron alegatos de tortura, abortos forzados, violaciones y palizas, todo ello atribuido a las autoridades en los centros de detención.
Las audiencias revisaron también numerosos documentos que detallaban otras políticas, incluida la separación de niños pequeños de su familia y la destrucción extendida de mezquitas.
El panel de abogados, empresarios y académicos concluyó que el secretario general de China Xi Jinping y otros prominentes funcionarios tenían la “responsabilidad primaria por los actos en Xinjiang”.
La embajada de China en Gran Bretaña consideró que las audiencias representaron una “herramienta política usada por unos cuantos elementos separatistas antichinos para engañar y defraudar al público”. En un comunicado, la legación diplomática añadió que las políticas en Xinjiang tienen el objetivo de combatir el terrorismo y prevenir la radicalización.
Un portavoz de la región de Xinjiang dijo el lunes, de cara al reporte previsto de la ONU: “De ningún modo aceptaremos el llamado informe de investigación de derechos humanos”.
“No aceptaremos la interferencia en los asuntos de Xinjiang ni en los asuntos internos de China en nombre de los llamados problemas de Xinjiang”, agregó el vocero Xu Guixiang.
Polak prevé que China ejercerá presión política y financiera sobre Argentina para frenar el caso en la corte. Primero, el tribunal tiene que acceder a atender el caso. De negarse, hay un proceso de apelación.
“Pensamos que, ante las evidencias sólidas en nuestro caso, la corte en Buenos Aires aceptaría esto y lo debería investigar”, dijo Polak.
“En todos los lugares del mundo en los que hemos hablado del caso de los uigures, China trata de intervenir y de impedir que ello ocurra”, añadió Polak. “Lo que hemos visto de las cortes argentinas y de sus decisiones nos hace pensar que esas cortes son independientes. Buscaremos esto y miraremos apropiadamente las evidencias”.
Polak dijo que el gobierno de Argentina es sensible a estos casos, en vista de lo que ocurrió en ese país de 1976 al 83, bajo la dictadura militar. Miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas en la ola represiva apoyada por el gobierno contra los disidentes de izquierda, durante la llamada “guerra sucia”.
“Esperamos que los políticos y la sociedad civil en Argentina vean los paralelismos con algunas de sus luchas, y apoyen lo que estamos haciendo”, dijo Polak. “Argentina ha demostrado esto al procesar a gente dentro de su propio país”.
